Rambla Libre ha tenido acceso a la denuncia presentada al Consejo General del Poder Judicial contra la titular del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez Alonso, a la que acusan de no admitir pruebas fundamentales, seguir dictámenes psicosociales que no siguen metodología objetiva ni científica. Esa denuncia está firmada por 127 “víctimas” de esta jueza, a la que también acusan de funcionar sin garantías procesales, hasta el punto de que no se facilitan copias de las pruebas que se efectúan.
Rambla Libre ha desvelado que en el citado Juzgado, en más de 750 procedimientos, la prueba pericial ha sido contaminada puesto que era la propia jueza la que indicaba a la psicóloga Natalene Suanzes Leenhardt lo que tenía que poner, tal y como reconoce ésta última en grabación a la que ha tenido acceso Rambla Libre. Se trata de un funcionamiento habitual y orgánico, puesto que la psicóloga era obligada a mantener reuniones con Emilia Marta Sánchez Alonso y la secretaria judicial, Eva María Luna Mairal, para establecer los dictámenes, que los 127 firmantes de la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial califican de standars y de “corta y pega“.
Siempre contra el varón, nunca la custodia compartida
En medio de esta chapuza procesal, a tenor de los datos a los que ha tenido acceso Rambla Libre, en “la inmensa mayoría de los casos solicitan retirar la custodia al varón sin dar motivación clara“. La juez del Juzgado 28 de Madrid nunca opta por la custodia compartida, contra las sentencias del Tribunal Supremo. Esta posición doctrinaria e ideológica está produciendo, a tenor de la denuncia, efectos perversos en todas las partes, y especialmente en los niños, a los que se sustrae la figura del padre, con frecuencia de manera irreversible.
Natalene Suanzes, hace unos años.
Esta especie de guerra de los sexos judicial provoca efectos indeseados en los que “se mantienen los estereotipos de género impidiendo conciliar en igualdad“, pues las madres han de dedicar todo el tiempo a los hijos accediendo a trabajos menos remunerados, mientras los padres quedan reducidos al papel de proveedores. Más efectos perversos reseñados en la denuncia son la falta de actuación rápida en caso de incumplimientos, con dilaciones que duran años provocando un “sufrimiento muy intenso” en las familias, regímenes rígidos de visitas, que impiden la celebración de cumpleaños o la relación con los abuelos, no promover mediación en casos conflictivos.
Dos millones de euros, el coste de las decisiones “arbitrarias” de Emilia Marta Sánchez Alonso
Los denunciantes ante el Consejo General del Poder Judicial de lo que califican de actuaciones arbitrarias de Emilia Marta Sánchez Alonso hacen una evaluación de su coste económico: “las decisiones de este Juzgado han tenido un impacto negativo en la economía de más de 2.000.000 €. Es la suma de múltiples conceptos: desplazamientos, pérdidas de empleo, continuos procesos judiciales, malvender propiedades para hacer frente a los gastos judiciales, ayudas psicológicas, depresiones… Es evidente que, los continuos y costosos ‘reprocesos’ en los Juzgados, no solo multiplican los costes de la Administración sino que dilatan más la solución de los mismos, generando más y más cargas de trabajo, lo que se traduce en una falta de agilidad y eficacia. Algunos tenemos la vida judicializada en este juzgado desde hace más de 17 años. Los costes que representa para la Administración de Justicia y los justiciables: Las decisiones judiciales vinculadas a nuestros casos, en lugar de resolverse en una única Sentencia, al establecer en la misma situaciones de falta de equilibrio, genera continuas tensiones y enquistamiento durante años, teniendo en muchos casos decenas de juicios, involucrando a Juzgados de lo penal, de lo mercantil, de civil, de familia, Audiencias Provinciales, TSJM, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, TEDH, lo que implica más cargas de trabajo a Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de justicia, Oficiales, Peritos…”
Fuente: Rambla Libre