- Acusan a los magistrados del TC de destruir el Estado de Derecho
- El caso ERE: epicentro de la denuncia
- Críticas a la Ley de Amnistía y su tramitación en el Constitucional
- Cambio de jurisprudencia sobre el estado de alarma
- Petición de suspensión inmediata de los magistrados denunciados
Españoles por el Futuro (ExF) y la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) han presentado una grave denuncia ante el Tribunal Supremo contra siete magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido.
Los acusan de formar una “banda criminal” al servicio de intereses políticos y de vulnerar de forma reiterada la legalidad.
Acusan a los magistrados del TC de destruir el Estado de Derecho
La denuncia sostiene que los magistrados han incurrido en delitos de prevaricación continuada, usurpación de funciones, falsificación documental y terrorismo, entendiendo este último como el uso del poder judicial para subvertir el orden constitucional.
Los denunciantes sostienen que el Tribunal Constitucional ha sido “contaminado” por intereses partidistas, lo cual habría supuesto, según ExF y la AECC, una “destrucción progresiva del Estado de Derecho”.
El caso ERE: epicentro de la denuncia
Uno de los elementos centrales es la anulación de las condenas por los ERE de Andalucía, el mayor escándalo de corrupción política en la historia reciente de España. ExF argumenta que el TC actuó como un “tribunal político”, reescribiendo criterios penales que competen al Tribunal Supremo.
Se aportan votos particulares firmados por magistrados como César Tolosa, Ricardo Enríquez o Concepción Espejel, que acusan a sus compañeros de “descalificaciones gratuitas” al Supremo y de suplantar su competencia.
Además, se denuncia la admisión de recursos de amparo en favor de políticos socialistas condenados, algo que contrasta con los más de 8.800 recursos inadmitidos en 2024, según datos oficiales del propio TC.
Críticas a la Ley de Amnistía y su tramitación en el Constitucional
Otro eje de la denuncia es la tramitación de la Ley de Amnistía pactada entre el Gobierno y partidos independentistas como Junts y ERC. Los denunciantes sostienen que el TC debía haber elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que no ocurrió.
Varios magistrados, en sus votos particulares, califican la actuación del tribunal como “deliberada” para proteger políticamente al Gobierno y acelerar el rechazo al recurso de inconstitucionalidad, pese a las dudas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho europeo.
Cambio de jurisprudencia sobre el estado de alarma
También se cuestiona la modificación de doctrina sobre el estado de alarma, impulsada por el Constitucional sin haber sido solicitada por los recurrentes.
Según los votos particulares, este cambio vulneró la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al resolver sobre una “queja inexistente”. Para los denunciantes, esto es una prueba más de la “instrumentalización del TC para fines políticos”.
Petición de suspensión inmediata de los magistrados denunciados
ExF y AECC solicitan que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente a los siete magistrados denunciados, al menos en causas que afecten a leyes del Gobierno, del Parlamento o de cualquier administración pública.
Argumentan que la continuidad de estos jueces supone un riesgo real de colapso constitucional y de instauración de un régimen totalitario.
FUENTE: Confidencial Digital