Los equipos psicosociales de los juzgados de familia están cada vez más cuestionados. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción los denominó “funcionarios fantasma del Ministerio de Justicia”.
Como ya hemos contado en Actuall, los equipos psicosociales de los juzgados de familia están cada vez más cuestionados. Son grupos de profesionales cuyas funciones, composición, organización, funcionamiento y supervisión no están reguladas por la ley.
Sin embargo, en la práctica realizan pruebas y emiten informes en los que los jueces se apoyan para dictar sentencias que afectan a la custodia de los hijos menores y a la relación con sus progenitores y otros familiares.
Hace casi un año la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción solicitó a la consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid la “suspensión cautelar e inmediata” de estos equipos. Alegaba que esta figura, que ha intervenido en cientos de miles de sentencias relacionadas con conflictos familiares, era un “funcionario fantasma del Ministerio de Justicia”.
Por si fuera poco, hace unos meses este diario revelaba en exclusiva el testimonio de una psicóloga que había trabajado en un equipo psicosocial para un juzgado de familia madrileño y reconocía su dependencia directa de la jueza titular del mismo y, por tanto, su falta de autonomía para llevar a cabo actuaciones periciales.
Familia numerosa, en una de sus configuraciones más frecuentes.
Esta profesional, con diez años de experiencia realizando esta tarea, llegaba a explicar cómo los miembros del equipo psicosocial y el juez diseñaban juntos las tácticas para obtener determinados resultados en los procesos.
La juez para la que trabajaba le recomendó que se diera de baja en la organización colegial.
Se da la circunstancia, además, de que la mencionada psicóloga ha sido denunciada repetidamente ante el Colegio Oficial de Psicólogos. La respuesta de la juez de familia para la que trabaja no fue apartarla de sus funciones ni sancionarla sino indicarle que se diera de baja del Colegio de Psicólogos dado que para formar parte de un equipo psicosocial no es preciso estar colegiado.
Como respuesta, esta entidad civil ha presentado escrito dirigido al Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez y al miembro de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid Jesús Caballero Klink.
Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado en España, durante un desayuno informativo con periodistas, organizado por la agencia Europa Press. (Fotografía: Chema Moya / EFE)
En su comunicación, la AECC solicita la reapertura de la investigación sobre los sucedido en el polémico juzgado de familia madrileño alegando que no se ha seguido el protocolo establecido legalmente para conocer la veracidad de los hechos denunciados y aportando, además, nuevas pruebas que podrían demostrar que la jueza de familia, la letrada de la Administración de Justicia y la fiscal del juzgado, así como las psicólogas del equipo psicosocial podrían haber incurrido en una “estafa procesal” de los informes que se han venido confeccionando en el juzgado madrileño.
Lo sucedido en este juzgado de familia de Madrid tiene todos los ingredientes de un verdadero ‘culebrón’
Pues bien, este caso ha llegado a la Fiscalía General del Estado, ya que una madre de familia afectada en un proceso de custodia de sus hijos en el que ha intervenido la psicóloga en cuestión ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que solicita se formule acusación contra la juez titular del juzgado de familia madrileño así como suplicatorio contra otros funcionarios del mismo y la directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Les acusa de presuntos delitos de “prevaricación dolosa continuada en el tiempo, generación de prueba pericial falsa y maltrato de menores”. Y es que lo que sucede en este juzgado de familia madrileño es de sobra conocido por la consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid porque la denunció la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ante la Fiscalía de Madrid el pasado mes de noviembre. La denuncia ha sido archivada.
Fuente: Actuall