El escándalo del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, desvelado por Rambla Libre, no hace más que crecer y ya tiene consecuencias judiciales. Eugenio Martín Closas ha presentado querella ante el Tribunal Superior de Justicia contra la juez, Emilia Marta Sánchez Alonso, por prevaricación dolosa y retardo malicioso, delitos previstos en los artículos 446 y 449 del Código Penal. El denunciante, a consecuencia del retardo malicioso, “no ha podido disfrutar ni ver cumplido el régimen de visitas” con su hijo, desde hace dos años y medio.

El informe pericial fue confeccionado por Natalene Suanzes Leenhardt, que ha resultado no estar colegiada como Pscicóloga, inhabilitada para emitir tales dictámenes y ha ejercido su trabajo “bajo la influencia de la jueza querellada que presionaba para determinar el sentir final de los informes”

La juez, que no ha respetado sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, y que no ha exigido el cumplimiento de sus propias resoluciones, ha conseguido que “el resultado de este actuar doloso es ni más ni menos que el perjuicio sistemático, el agravamiento de la distancia entre padre e hijo y finalmente el daño ya irreparable causado por la irregular tramitación de la causa civil”.

Tal y como informó Rambla Libre, desde la Asociación Europea de ciudadanos contra la corrupción se puso en conocimiento de la Fiscalía que en Juzgado de Familia nº28 de Madrid se acordaban los informes que emitía su equipo psicosocial adscrito, y por lo tanto las custodias de los menores.

En el caso que nos ocupa, de Eugenio Martín Closas, padre perjudicado por este Juzgado, y miembro de la Asociación Europea de ciudadanos contra la corrupción, todo empieza cuando su ex mujer al iniciar nueva relación con un hombre casado cambia las cerraduras del domicilio conyugal y le deja la ropa en bolsas de basura en la garita de seguridad de entrada a la urbanización del domicilio; por entonces el hijo que tenían en común de nombre Pablo no contaba ni con un año de edad. Tuvieron que pasar 7 meses hasta que el padre, después de instar medidas provisionales, promover ejecución del dicho auto de auto de medidas provisionales al no cumplir la madre el régimen de visitas, y de tener que denunciar en decenas de ocasiones a la madre por incumplir el régimen de visitas y agredir al padre en presencia del menor cada vez que iba a intentar recogerlo, se establece un punto de encuentro. Hay que resaltar, que el padre ha solicitado en varias ocasiones la custodia del menor, si bien el Juzgado, cada vez que la ha solicitado ha reaccionado de una manera llamativamente airada entendiendo un despropósito el otorgar la custodia del menor al padre.

Después de 3 años de intervención de un punto de encuentro para asegurar las visitas, con informes siempre favorables al padre, el mencionado punto de encuentro suspende definitivamente su intervención alegando que la Comunidad Autónoma de Madrid está recortando los fondos destinados a los Puntos de encuentro familiares y que no pueden continuar con su mediación.

Una vez se suspende el PEF de nuevo empiezan los continuos problemas obstructivos generados por la madre impidiendo la comunicación entre el niño y el padre, con periodos de incumplimientos  del régimen de visitas. Eugenio Martín de nuevo tiene que instar nuevas ejecuciones de sentencia sin que el Juzgado haga nada.

Un dato a tener en cuenta es que el menor tiene dos hermanos mayores fruto de un primer matrimonio de la madre. Estos dos hijos y su padre tuvieron igualmente muchísimos problemas para relacionarse, dado que la madre cortó unilateralmente el régimen de visitas y comunicación entre los hijos y el padre durante años. Finalmente, y tras una discusión violenta que acaba con la hija que por entonces tenía 18 en el hospital con un parte de lesiones previa expulsión a la calle, la hija recupera la comunicación con su padre y contacta con Eugenio Martín para poder mantener el contacto con su hermano menor Pablo.

Durante el mes de abril de 2015, contando el menor con 12 años, Eugenio Martín Closas solicita la custodia compartida; en este momento empieza de nuevo el último calvario para el menor, el padre, la familia paterna y la hermana del menor, dado que la madre desde el 17 de junio de 2015 hasta la fecha presente impide de manera radical la comunicación y las visitas del menor con el padre, entorno paterno y hermana del menor. Se ve obligado de nuevo Eugenio Martín a instar Ejecución de la sentencia al no estar cumpliéndose el régimen de visitas, pero el Juzgado en un periodo de más de dos años y medio, lo único de hizo fue poner una multa a la madre de 300 €, persona de elevada posición económica, que lógicamente ante el abandono del Juzgado en su obligación de hacer cumplir las resoluciones judiciales, se ve premiada en su comportamiento maltratador y obstructor.

Durante un año y medio el Juzgado reconoce el incumplimiento de la madre, si bien la Juez Titular se niega a aplicar la Ley de Enjuiciamiento civil que es clara en cuanto a la necesidad de aplicar multas coercitivas ‘mensuales’ e inclusive si se persiste en este comportamiento, la retirada de la custodia. Pasado el año y medio, destruida la relación paterno filial entre el padre y el menor, ya completamente alienado gracias a la pasividad del Juzgado, llama la Juez al menor a puerta cerrada para preguntar si quiere ir con el padre, y según indica la Juez el menor dice, como no podía ser ya de otra manera después de año y medio de coacción continuada, que no.

Durante todo este tiempo la Juez ha negado cualquier prueba al padre, como los numerosos videos grabados a la salida del colegio para acreditar que la madre se personaba todos y cada uno de los días que le correspondía al menor irse con el padre, incumpliendo así el régimen de visitas de manera continuada. La Juez ha negado durante más de un año y medio la pericia que solicitaba el padre a toda la familia en la clínica médico forense o por insaculación con el objeto de valorar el maltrato y manipulación del menor por parte de la madre obstructora.

Hasta tal punto ha llegado el comportamiento de la Juez titular del juzgado 28 que, por medio de una diligencia, amenazó en un acto insólito e inexistente en la Ley de enjuiciamiento civil, al padre y a su letrada con devolver todos los recursos y escritos pendientes de proveer si no presentaba en el Juzgado la venia entre abogados…, todo el mundo sabe que la representación de las partes la ejerce el procurador que es quien debe tener los poderes otorgados por parte de su representado bien con la intervención de fedatario público, bien por medio de apud acta en el Juzgado, pero que el letrado no necesita de poder especial para intervenir y que el cliente puede cambiar o utilizar inclusive a distintos letrados durante los procedimientos.

Fuente: Rambla Libre