La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) solicita a la Comisión de Peticiones una misión para evaluar la degradación del Estado de Derecho y la “legislación motorizada” del Ejecutivo español.

MADRID, 06 de marzo de 2026 – La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC), presidida por Manuel Romeral Frías, ha formalizado una petición oficial ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar lo que califica como una “práctica sistemática y deliberada” del Gobierno de España para eludir el control parlamentario mediante el uso abusivo de la legislación de urgencia.

En el texto remitido a Bruselas, la AECC alerta de que el recurso constante al Real Decreto-ley —figura reservada por el Artículo 86 de la Constitución Española exclusivamente para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”— se ha convertido en el “método ordinario de gobierno”. Según la asociación, esta deriva vulnera el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que consagra el respeto al Estado de Derecho y la democracia como valores fundamentales de la Unión.

Una amenaza a la seguridad jurídica y a las minorías

La denuncia pone el foco en la denominada “legislación motorizada”, señalando que el número de Reales Decretos-leyes aprobados por el Ejecutivo ha llegado a superar en diversos periodos al de leyes ordinarias tramitadas por las Cortes Generales.

Para Manuel Romeral Frías, presidente de la AECC, esta práctica supone una anomalía democrática:

“Se están regulando materias estructurales de largo alcance sin la urgencia que exige la jurisprudencia constitucional, con el único fin de evitar el debate parlamentario, las enmiendas de la oposición y el control de los órganos consultivos. Esto no solo quiebra la separación de poderes, sino que desprotege al ciudadano y genera una grave inseguridad jurídica”.

Peticiones clave a las instituciones europeas

Ante la gravedad de los hechos expuestos, la AECC ha solicitado formalmente a la Comisión de Peticiones que:

A) El inicio de un procedimiento de infracción indirecto mediante la evaluación de la calidad legislativa española, solicitando al TJUE una opinión consultiva sobre si el uso de legislación de urgencia para evitar el control de órganos consultivos (Consejo de Estado, CGPJ) es compatible con los estándares de la Unión.

B) La interpelación directa al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno de España para que desglosen el porcentaje de leyes aprobadas sin el trámite de audiencia pública y sin debate parlamentario previo en las últimas dos legislaturas.

C) Inclusión en el Informe del Estado de Derecho 2026: Que se recoja la “legislación motorizada por decreto” como un riesgo sistémico para la democracia en España, al mismo nivel que las reformas judiciales que afectan a la independencia de los tribunales.

D) Solicitud de Dictamen a la Comisión de Venecia: Para que analice si la práctica legislativa del Gobierno de España se ajusta a los estándares europeos de buena gobernanza y separación de poderes.

E) Misión de Información (Fact-finding mission): El envío de una delegación de Eurodiputados a España para entrevistarse con colectivos jurídicos, la academia y la oposición parlamentaria a fin de evaluar el secuestro de la función legislativa por parte del Ejecutivo.

La asociación subraya que la exclusión de la sociedad civil y de los representantes legítimos de los ciudadanos en la elaboración de leyes de alta complejidad afecta directamente a la calidad democrática que la Unión Europea está obligada a proteger en todos sus Estados miembros.