Y REMITE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y A LA INSPECCIÓN FISCAL TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y UNA REVELADORA GRABACIÓN DE UNA CONVERSACIÓN CON LA PSICÓLOGA NATALENE SUANZES
La Fiscalía General del Estado ha incoado expediente en relación con la solicitud presentada ante la misma por la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción para que investigase con carácter urgente presuntas actuaciones irregulares del Juzgado de Familia nº 28 de Madrid y que podrían constituir delitos de prevaricación, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y generación de prueba pericial falsa de una manera sistemática y continuada durante al menos 10 años, que habrían afectado a cientos de familias y más de mil menores, sobre cuya custodia ha decidido el tribunal, y en las que estaría implicada la juez titular del juzgado, Emilia Marta Sánchez Alonso.
Dicho expediente ha sido remitido por la Fiscalía General al Consejo General del Poder Judicial y a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General, junto con la documentación presentada por los denunciantes y el Cd con una grabación de la conversación con la psicóloga Natalene Suanzes en la que se deja constancia de cómo el Equipo Psicosocial adscrito al citado Juzgado de Familia tenía por costumbre reunirse con la juez y con la Secretaria Judicial/Letrada de la Administración de Justicia, Eva María Luna Mairal, y acordaban los informes y las custodias de los menores.
Adicionalmente la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción ha presentado a finales de 2017 un escrito ante la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid solicitando la suspensión inmediata de los Equipos Psicosociales y otro escrito ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial para que proceda a una inspección exhaustiva del juzgado de Familia nº 28 de Madrid, en la que entre otros aspectos a investigar, se identifiquen “todos los informes de los equipos psicosociales adscritos en los cuales hubieren intervenido psicólogos sin colegiar” (de hecho, a requerimiento de la Asociación se han identificado por parte del Colegio de Psicólogos de Madrid al menos dos en dicho juzgado) y, por tanto, inhábiles para el ejercicio de la psicología”, así como “todos aquellos informes en los cuales, al no grabarse la entrevistas entre el equipo psicosocial y los progenitores, o no entregarse copia de los test realizados o de las notas manuscritas del equipo a ambos progenitores, se hubiera dejado en absoluta indefensión a los justiciables y en especial a los menores”.
Fuente: Noroeste Madrid