La agrupación se ha constituido por un grupo de ciudadanos usuarios de la administración de justicia cuyos casos se resolvieron por la sección 24. El Tribunal Supremo en sentencia de 31 marzo 2016 acusa a los miembros de la sección 22 de incumplir sistemáticamente su obligación de respetar y ajustarse a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, en materia de respeto y salvaguarda de los derechos de los menores en materia de concesión de custodias. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a un presunto caso de prevaricación continuada, que habría afectado a miles de menores, progenitores, familia extensa, abogados y procuradores.

La próxima semana se realizarán reuniones con el Consejo General del Poder Judicial para evaluar el alcance y los presuntos daños causados por estos magistrados.