Rambla Libre ha tenido acceso al contenido de una querella que desvela nuevos ramales de la trama judicial de Pozuelo de Alarcón y que afectan directamente al fraude que representan los equipos psicosociales. En la querella, presentada por Manuel Romeral, se sitúa a la Junta del Colegio de Psicólogos de Madrid en connivencia con la trama judicial de Pozuelo de Alarcón, encabezada por la juez Elena Garde, y amparando al psicólogo José Manuel Muñoz Vicente, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pozuelo, y responsable del área jurídica del Colegio de Psicólogos.

La querella afirma que José Manuel Muñoz Vicente “de forma dolosa y a sabiendas de su falsedad” estableció en informe psicosocial forense “un caso grave de maltrato al menor por desatención a su hijo” contra Manuel Romeral, cuando por las fechas claramente la desatención ocurrió bajo la guardar de la madre. La finalidad del informe fue retirar la patria potestad a Manuel Romeral mediante engaños y falsedades.

Denunciado el caso al Colegio de Psicólogos de Madrid, la Junta de éste siguió estrategias torticeras a fin de conseguir la prescripción de la posible infracción. En primer lugar respondió que se trataba de la posible “falta de un empleado público cuya Administración no exige la colegiación”, cuando la Junta era conocedora de que José Manuel Muñoz Vicente estaba colegiado, para, tras las correspondientes dilaciones, proceder a “archivar el expediente por prescripción de la posible infracción”.

La querella por presunta prevaricación administrativa está presentada contra Fernando Chacón Fuertes, María del Rocío Gómez Hermoso, José Antonio Luengo Latorre, Dolores Timanfaya Hernández Martínez, Pedro Rodríguez Sánchez.

Fuente: Rambla Libre